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En la actualidad, los sistemas de prestación de Servicios de Asesoría Técnica y Extensión Rural -ATER (o EAS como se conocen por sus siglas en inglés) han experimentado profundas transformaciones debido al contexto cambiante en los que operan. Las reformas realizadas en los sistemas de extensión durante las últimas décadas han dado respuesta, más que todo, a las fuentes de financiamiento y, en menor grado, a una necesidad por replantear los servicios prestados a los productores de cara a mejorar su desempeño.
En este sentido, se puede observar una mezcla de alternativas que combinan diversos niveles de descentralización: la participación del sector privado en la provisión de los servicios, el cofinanciamiento por parte de los productores y, por último, cierto grado de apertura para asegurar la participación de estos últimos en la planificación y gestión de los servicios.
Por otro lado, las empresas de agronegocios y las cadenas de suministro (que se encuentran en crisis debido a los efectos de la pandemia por Covid-19 y a las medidas de distanciamiento social establecidas para disminuir los contagios), así como los distribuidores de insumos, han asumido con entereza la gran labor de prestar estos servicios para asegurar la transformación de la agricultura, no obstante, el sector enfrenta desafíos importantes, algunos de ellos de vieja data que no han sido resueltos por lo que se mantienen en el centro de atención.
Tales desafíos abarcan: el cambio climático; el alto consumo de recursos naturales; la dinámica inestable del mercado y el comercio globalizado; la demanda creciente de alimentos, sobre todo más sanos y nutritivos, para dar respuesta al aumento de la población; la necesidad de incluir el potencial de productividad de los jóvenes y las mujeres; y la rápida digitalización de la economía que deviene en nuevas demandas para los proveedores de servicios ATER como parte de suplir las necesidades e intereses de los productores rurales.
A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por revitalizar los Sistemas de Extensión y Asesoría (SEAS por sus siglas en inglés) en América latina, aún persisten brechas estructurales que deben resolverse para ofrecer un mejor servicio, oportuno y de calidad, a los productores. La diversidad de actores involucrados, así como los modelos, modalidades y metodologías utilizadas en su accionar, han generado una amplia fragmentación de la institucionalidad y la pérdida de efectividad en la prestación de los servicios, en detrimento de los resultados planteados. Entre los hallazgos más relevantes al respecto se cuentan:
Políticas públicas de fomento a los servicios de asesoría y extensión rural inexistentes o muy débiles.
Diversidad de actores con metas, modelos y metodologías de extensión diferentes
Acceso limitado o bajo uso de herramientas digitales
Cobertura en la atención a los pequeños y medianos productores (de apenas el 16% promedio)
Costos de los servicios (oscilan entre los US $ 160 y US $ 370 por productor por año, dependiendo del modelo de extensión implementado, del rubro atendido y de la cobertura de productores por técnico)
El rango de atención de productores por técnico (varía entre los 20 hasta 200 productores por técnico en un mismo país)
Perfil agronómico del extensionista en un 90% de los equipos
Falta de evidencia sobre resultados e impactos de las inversiones en extensión, por la ausencia, en la mayoría de los casos, de sistemas de seguimiento y evaluación de los servicios que no permite medir el impacto de éstos en las familias productoras y los rubros atendidos.
Lo anterior orienta tres ámbitos de mejora en los sistemas de asesoría y extensión rural:
El ámbito Institucional1 para fortalecer la gobernanza del sistema de asesoría y extensión rural y asegurar que esté soportado por políticas nacionales robustas que propicien y fomenten la prestación de éstos servicios de manera articulada, bajo criterios de inclusividad y eficiencia, con acceso a información y en donde los actores involucrados se articulen, reconozcan sus roles y se apropien de las necesidades de los productores para generar cambios en los sistemas productivos y aportar a la mejoría de las condiciones de vida de las familias.
El ámbito de las metodologías y enfoques, que tenga como foco la innovación y su gestión, además de afianzar un enfoque metodológico que abra la posibilidad de identificar, de manera más clara, cómo aprenden los agricultores para que asuman un rol más activo en la gestión y evaluación de los servicios. Esto implica disponer de una amplia cantidad de técnicas, metodologías y prácticas de transferencia, favoreciendo aquellas en donde el rol del productor y su participación sea preponderante y dinámica y, finalmente, aumentar progresivamente el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, TIC, que cobran mayor relevancia en la actualidad, en donde los sistemas de extensión deben seguir funcionando bajo nuevas condiciones y bajo los requerimientos de los productores para mantener y mejorar los sistemas agroalimentarios, beneficiando además la gestión del conocimiento y la cobertura de los servicios.
El ámbito de las Competencias de los Actores, pues la transformación y actualización de los actores que conforman el sistema es uno de los grandes desafíos de la extensión, principalmente para los prestadores de servicios que deben pasar de la visión meramente productiva a una más holística que requiere de la interdisciplinaridad de los equipos para atender las demandas de los productores.
En ese sentido, de acuerdo con GFRAS, “El nuevo extensionista debe tener una visión global de los servicios de asesoría y Extensión (ATER) que reinvente y articule de manera clara su papel en el contexto rural que cambia rápidamente. Además de abogar por un papel ampliado para los servicios ATER dentro de los sistemas de innovación agrícola (SIA) y el desarrollo de nuevas capacidades, en diferentes niveles, para desempeñar este papel”2. Para ellos se requiere de la identificación de las competencias necesaria; de los contenidos de programas que contribuyan al desarrollo de dichas competencias e impulsar programas de actualización; así como la valoración del desempeño y acreditación de estas nuevas competencias, ya sean duras o blandas.
Autora: Maria Auxiliadora Briones
PhD en Ciencias Económicas
Especialista en Innovación Agrícola
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